esde el Grupo de Trabajo de CLACSO Economías populares: mapeo teórico y práctico rechazamos y condenamos la violencia estatal y paraestatal que de forma sistemática se ha ensañado con las movilizaciones y protestas pacíficas del Paro Nacional, atentando contra los derechos humanos y el derecho a la protesta de las y los ciudadanos colombianos.
Hasta el día de hoy, las manifestaciones completan 15 días consecutivos de marchas, tomas pacíficas de calles, actividades culturales, entre otras, que, según los datos de las organizaciones defensoras de DDHH, han registrado un total de 47 personas asesinadas, 548 personas desaparecidas, 1876 casos de violencia policial y se cuentan 12 víctimas de violencia sexual. Estos hechos muestran violaciones graves a los Derechos Humanos de las y los ciudadanos colombianos y al Derecho Internacional Humanitario, toda vez que incluyen aterrizajes de aeronaves militares en espacios educativos y disparos y ataques a misiones médicas en todo el país.
Desde el 28 de abril pasado se convocaron movilizaciones en todo el país como rechazo al proyecto de reforma tributaria que pretendía mediante un cambio en el régimen del IVA aumentar el precio de los alimentos, ampliar progresivamente la base de cobro del impuesto a la renta a personas que ganan salarios desde 600 USD mensuales, entre otras, lesionando, principalmente, a la clase media y los sectores populares, mientras se consolidaba las exenciones tributarias a grandes capitales ya logradas en la reforma tributaria del año 2019. Junto al proyecto de reforma tributaria, también se presentó el proyecto de Ley 010 de reforma a la salud que, en plena pandemia, profundiza el modelo privatizador del sistema, limitando el acceso a servicios de salud, ya en manos de corporaciones, y promueve criterios de autocuidado y compra de seguros médicos especializados.
Si bien el proyecto de reforma tributaria fue retirado por el gobierno nacional, las movilizaciones continúan motivadas por un malestar generalizado que condensa los sentimientos de desazón frente al abandono por parte del gobierno nacional, el empobrecimiento y precarización de la vida, la ausencia de respuestas a las reivindicaciones populares y las masacres continuas a líderes sociales y a los firmantes de los Acuerdos De Paz en el país.
Las multitudinarias expresiones de protesta integradas por jóvenes, trabajadores y trabajadoras precarizadxs, estudiantes, mujeres, campesinos y campesinas, indígenas, afros, y todos y todas aquellas que conforman el sector popular, reclaman una respuesta y solución efectiva a los problemas sociales, de salud, empleo, movilidad, hambre y respeto por la vida. Si hay algo evidente es que la gente no la está pasando bien. Según los últimos datos publicados por el Departamento Nacional de Estadísticas, para el año 2020, el 42,5% de la población nacional es pobre, es decir, 21,02 millones de personas en Colombia están en una situación de pobreza monetaria. De este modo, emergen claramente las consecuencias del modelo económico neoliberal y de las dinámicas de acumulación del capital en la crisis, tema de investigación que abordamos desde el análisis de las economías populares en nuestro grupo de trabajo.
Desde estas perspectivas, denunciamos la dramática situación social y económica causada por el aumento de la pobreza en Colombia y en América Latina en plena pandemia, en el marco de una reconfiguración de los procesos de despojo y explotación frente a los cuales están emergiendo nuevas conflictividades sociales y luchas por lo común en la crisis. En la región asistimos a una concentración siempre mayor de riqueza, a la intensificación del extractivismo y de las privatizaciones, a la expansión de la financiarización de la vida cotidiana y de los derechos sociales en el marco de un endeudamiento masivo y finalmente al aumento de las violencias machistas y racistas en los territorios, para disciplinar los cuerpos e imponer la primacía de la acumulación capitalista sobre la vida. Finalmente, queremos denunciar los hechos ocurridos el día 9 de mayo en la ciudad de Cali, cuando personas vestidas de civil dispararon indiscriminadamente contra miembros de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, resultando heridos al menos 10 indígenas, entre lxs cuales Daniela Soto, lideresa de la organización de mujeres del Cric y compañera de la Universidad del Valle que se encuentra en estado de gravedad. Además, denunciamos que la represión ha sido particularmente violenta justamente en los barrios populares que han sido militarmente invadidos y que son los más afectados por esta crisis. Frente a esta situación, y la escalada represiva en curso en el país, nos solidarizamos con las multitudes que en las calles reivindican una vida digna y denuncian las múltiples violencias que el capital y el Estado ejercen en las ciudades y en los territorios.
Denunciamos ante la comunidad internacional la violación de los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública y de grupos paramilitares
Exigimos al Presidente Iván Duque que garantice el derecho fundamental a la protesta y paren las retenciones ilegales por parte de la fuerza pública
Exigimos que se condenen los hechos ocurridos el día 9 de mayo contra la Guardia Indígena
12 de mayo de 2021
Grupo de Trabajo CLACSO
Economías populares. Mapeo teórico y práctico
Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Economías populares. Mapeo teórico y práctico y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.
Comments